Educación se ve obligada a recurrir a cuatro empresas de manera urgente para poder mantener el servicio
La Conselleria de Educación tendrá que iniciar de nuevo el concurso para contratar a las empresas de limpieza de 158 centros públicos, la mayoría institutos, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya anulado la licitación vigente, iniciada a mediados de junio y que debía servir para adjudicar nueve lotes. Cinco de estos, que incluyen escuelas de varios municipios, pertenecían a la empresa Limpiezas Raspeig, cuyos retrasos en los pagos a los empleados llevaron a la conselleria a no activar la prórroga del contrato anterior, que se inició en 2016. Este terminaba en verano, aunque existía la opción de renovar la relación mediante acuerdo de las partes. En los cuatro lotes restantes las entidades optaron por no prorrogar sus contratos. El importe de la licitación ahora anulada era de 34,65 millones, incluyendo el IVA.
El tribunal ha tomado esta decisión tras un recurso de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), admitiendo dos de las alegaciones presentadas contra el pliego de condiciones que debían tenerse en cuenta en las ofertas que realizaran las licitadoras. En un caso, la valoración de la formación a impartir a los trabajadores, considera que es «lo suficientemente oscura» como para que no pueda garantizarse la igualdad de trato de las empresas; y respecto a la segunda señala que no queda claro «cómo se tendrán en cuenta las ofertas de productos -de limpieza- con etiqueta ecológica». El tribunal ve fundamentos suficientes para obligar a anular estos aspectos de pliego, y ordena «retrotraer» el procedimiento al momento anterior a su aprobación.
Desde Educación dijeron ayer que ya se trabaja en la nueva licitación y tildaron los reparos de Aspel de «cuestiones técnicas». Respecto a la afección a los centros (el concurso debía estar resuelto para el inicio del curso), se contrató de manera urgente a cuatro empresas para cubrir los nueve lotes afectados después de que el tribunal, en julio, ya suspendiera cautelarmente la licitación. También señalaron que el servicio se presta con normalidad y que estos contratos tienen una duración mínima de cinco meses, pero pueden extenderse hasta que la nueva licitación esté resuelta.
Fuente: Las Provincias
