- Es injusto que no se permita actualizar una subida de costes laborales que no pudimos tener en cuenta cuando firmamos los contratos” declara el presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos.
- Desde la Patronal piden revisar la Ley de Desindexación para que el SMI no desequilibre los escasos márgenes.
Madrid, 11 de febrero de 2022.- La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) ha abogado por actualizar el precio de aquellos contratos públicos en ejecución dentro del propio Real Decreto.
Así lo ha manifestado el presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos y miembro de la CEOE, tras el anuncio de esta nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), desde los 964 hasta los 1.000 euros mensuales, (1.166 euros en 12 pagas) que se publicará con carácter retroactivo al 1 de enero previsiblemente, entrará en vigor, o bien el 15 de febrero, o el 22 de febrero.
En este sentido, Díez de los Ríos ha pedido de nuevo que se reforme la Ley de Desindexación, para permitir modificar el valor de los contratos ya firmados y el precio de estos. “Esto solucionaría las sustracciones de margen que hemos tenido en los contratos en ejecución y que las empresas no tengan que asumir el coste” ha aseverado el presidente de Aspel.
Al mismo tiempo, han denunciado que la subida del SMI perturba la negociación colectiva de la mayoría de los convenios colectivos de limpieza de España. “La medida llega en un contexto económico marcado por la incertidumbre. No era el momento para nosotros que llevamos arrastrando subidas de más del 30%” ha confesado Díez de los Ríos. Y ha añadido que “la propuesta del Gobierno sigue olvidándose de los sectores de servicios que llevan años soportando sobrecostes de todo tipo”.
Sin embargo, Díez de los Ríos ha recordado que “están dispuestos a abordar la actualización de los salarios de modo asumible razonable, siempre a futuro y nunca retroactivo, en el marco de las negociaciones del próximo Acuerdo para la Negociación Colectiva en CEOE” ha aclarado el presidente de la patronal. Además, proponen presentar un Real Decreto que solucione estas deficiencias injustas en los contratos públicos en un país de servicios como España.
Fuente. Ilunium
