Los principales sindicatos ( UGT Y CCOO) junto con la patronal han firmado un manifiesto donde solicitan una revisión de los contratos públicos en relación a la subida del Salario mínimo interprofesional que tuvo lugar a finales de febrero del 2022 que se fijaba en 1.000 euros.
Esta exigencia se ha producido a raíz de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero aprobará una excepción similar en el sector de la construcción en los contratos de obra pública. La ejecutiva aprobó en el mes de Marzo un Real Decreto por el que permitía a las constructoras repercutir las subidas de las materias primas en los contratos públicos.
En la misma linea el sector de la limpieza quiere repercutir a las administraciones públicas la subida de costes de personal que ha supuesto la subida del SMI, alegando que supone un desequilibrio económico a las empresas. La patronal estima que la subida del SMI ha supuesto un aumento de costes de 6,5 millones solo en contratos que ya están en ejecución.
La patronal insiste que no poder repercutir el aumento de coste de las contratas en ejecución a la administración trae consecuencias como la dificultad en la negociación de los convenios y genera problemas de continuidad en las plantillas. Por eso piden que pongan una excepción para la revisión cuando se produzcan circunstancias que no se pueden prever.
Antes de la Ley de desindexación del año 2017 se podía revisar anualmente las contratas en función de lo que marcará el IPC cosa que dejó de hacerse a partir de dicha Ley. La patronal exige que se elimine o que al menos se introduzca una excepcionalidad para ciertos casos.
La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado ha descartado que se pueda modificar un contrato con motivo de las subidas del SMI y que no es motivo de compensación para el contratista.
Fuente: 20 minutos
