Según la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza. Las empresas de limpieza en España tienen que esperar hasta ocho meses para cobrar sus facturas, tiempo que, a su vez, es ocho veces superior a lo establecido en la Ley de Morosidad, según los últimos datos oficiales del sector en 2015 que la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) hizo públicos este miércoles.
El presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos, explicó en rueda de prensa que la deuda vencida de las administraciones públicas con las empresas de su patronal alcanzó los 518,9 millones de euros en 2015, lo que supone una disminución del 16% con respecto al año anterior. Sin embargo, añadió que tanto el Estado, como las comunidades autónomas y los ayuntamientos incrementaron el plazo medio de pago en el último año.
Díez de los Ríos afirmó que “el cobro de las facturas se relajó el pasado año por efecto principalmente de las elecciones autonómicas, municipales y generales”. “Las administraciones públicas guardan siempre las facturas en el cajón ante la incertidumbre electoral”, dijo, al tiempo que añadió que esta circunstancia es previsible que se prolongue en 2016, debido a la convocatoria de nuevas elecciones para el próximo 26 de junio.
Según los datos recogidos por la patronal, que calcula esta cifra a cierre del 31 de agosto del año objeto de estudio, las comunidades autónomas, con una deuda de 242,8 millones de euros (-20%), son las administraciones que más deben. Además, los gobiernos regionales son los responsables de que las empresas del sector tengan que esperar hasta 243 días para ser retribuidas por los servicios que han prestado, ocho veces más de lo que establece la normativa.
En cuanto a las entidades locales, su deuda con las empresas de limpieza se situó el pasado año en 167,7 millones de euros (-11%), siendo de 168 días su plazo medio de pago a proveedores. Por su parte, el Estado, con una cifra de impago que asciende a 108,2 millones de euros (-12%), es la Administración pública que menos tarda en pagar al hacerlo en 108 días.
Díez de los Ríos denunció en este sentido que las administraciones públicas siguen sin cumplir con la Ley de Morosidad a pesar de los Planes de Pago a Proveedores, por lo que pidió el Ejecutivo mayor compromiso en la lucha contra los impagos y en el cumplimiento de los plazos de cobro establecidos.
EL SECTOR EN CIFRAS
La caída de la contratación pública y el drástico ajuste en los precios de licitación están obligando a las empresas del sector a trabajar casi a precio de coste, lo que ocasiona una acentuada reducción de los resultados de explotación y de sus márgenes de beneficio, tal y como indicó el presidente de Aspel.
Es relevante la caída de los resultados de explotación del sector, cuyos márgenes de beneficio han pasado del 12% al 5%, siendo esta variación del 14,7% al 5,3% en el caso de las empresas de Aspel, según los últimos datos actualizados del sector.
El sector de la limpieza en España sumó en 2015 un total de 2.912 nuevos trabajadores, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Es el segundo año consecutivo que aumenta el número de empleados, tras los cinco años anteriores de caída. Y es que en el período comprendido entre 2008 y 2013 se perdieron más de 87.000 puestos de trabajo.
Por lo que respecta al número de empresas, éstas aumentaron por cuarto año consecutivo, aunque su ritmo de crecimiento fue menor que en 2014. En el último año se crearon 163 nuevas empresas, mientras que el año anterior fueron 406 las sociedades constituidas. Estas empresas son derivadas del autoempleo, con escasa mano de obra y con trabajadores a tiempo parcial.
Dentro del sector, las empresas de Aspel, que representan por número de empleados el 42% del total, facturaron el pasado año más de 2.430 millones de euros, lo que supone un aumento del 4% con respecto al ejercicio anterior.
A pesar de este incremento, la patronal de limpieza lamentó la caída de la contratación con el sector público y la drástica reducción de los márgenes de beneficio, debido a la alta competencia basada únicamente en el precio y a la disminución del precio de licitación por las restricciones presupuestarias impuestas por el déficit.
