La Agencia Tributaria ha contratado unos servicios de urgencia para la higiene de los baños y las papeleras.
Las 26 trabajadoras que se encargaban de la limpieza en las instalaciones de la Agencia Tributaria en Málaga siguen sin empleo, con tres sueldos pendientes por cobrar y sin atisbos de que esta situación se solucione.
Desde que el 31 de enero la concesionaria Tempo Facility, a la que se le atribuyó el servicio de limpieza, finalizase el contrato con la institución de Hacienda en la capital, esta veintena de mujeres han pasado por un concurso para readjudicar la actividad que quedó desierto así como por un período de incertidumbre que se extiende en el tiempo, acompañado de graves problemas económicos, familiares y de salud. «Hay gente con problemas ya, las van a echar de la vivienda social», denuncia Ana María, delegada de personal, que recuerda que tiene compañeras en tratamiento psicológico desde hace meses. «Pensamos tantas cosas porque no tenemos noticias de ningún tipo€ ya no dormimos por las noches, comemos poco, la vida se está convirtiendo en un terror».
Estas mujeres, que llevan manifestándose desde el 10 de febrero, critican además que la Agencia Tributaria ha contratado unos servicios de urgencia con nueve empleadas dedicadas a la higiene de los baños y la limpieza de las papeleras una vez por semana, lo que consideran una violación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores que incluye la subrogación del personal ante el cambio de titularidad de una empresa. «Hay gente haciendo nuestro trabajo y encima no podemos hacer nada».
A la espera de resolución
Según explica Antonio Solano, secretario general de la Federación de Servicio, Movilidad y Consumo de la UGT, desde la asesoría del sindicato ya se han tramitado las demandas por despido y por las cantidades adeudadas a las empleadas a la Inspección de Trabajo y, además, se encuentran a la espera de la resolución de un nuevo concurso para adjudicar el servicio de limpieza al que se han presentado y admitido seis empresas de limpieza. La fecha límite para otorgar el servicio es el 1 de abril, aunque «en cualquier momento se pueden pronunciar». Mientras tanto, solo cabe esperar.
Por otro lado, en cuanto al proceso judicial del que dependerá el abono de los salarios atrasados, se advierte un proceso lento y complejo, ya que todas las demandas que lleguen a los juzgados, no solo de las afectadas en la Agencia Tributaria, sino también del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), Inspección de Trabajo, Subdelegación del Gobierno… tendrán que unificarse y esperar al dictamen de un juez.
Por el momento, el contacto con Tempo Facility para estas trabajadoras es nulo pese a que necesitan que les expida un certificado de conciliación que muchas oficinas de empleo están demandando para que, al menos, puedan solicitar el desempleo.
