El sector turístico es uno de los que ha centrado la actividad de las últimas campañas de la inspección de trabajo en la C. Valenciana en contra de la economía sumergida. Y el resultado está siendo contundente. Durante el último año y medio, la Conselleria de Economía ha abierto expediente sancionador a 44 empresas de limpieza y sus empresas usuarias, principalmente hoteles, por cesión ilegal de trabajadoras que realizan funciones de camareras de piso.
Según explicó el pasado martes en las Corts la directora general de Trabajo, Cristina Moreno, «se está persiguiendo la cesión ilegal de trabajadoras tanto por la precarización de la relación laboral como por el deterioro de la misma que afecta a las condiciones de trabajo y las salariales». La administración entiende que estos trabajadores, al realizar una actividad ordinaria de la empresa, debería formar parte de ellas y no ser subcontratados a través de empresas cedentes.
Los expedientes abiertos ya han comportado multas por valor de algo más de 700.000 euros. Las sanciones van desde 6.251 euros hasta los 60.000. La mayoría de ellas se encuentran recurridas en alzada por la vía administrativa o directamente en los tribunales.
En cuanto a su localización, las actas se han levantado principalmente en València, con 19 casos; y también en Paterna (2) y Sagunt (1). Y, por otro lado, en la provincia de Alicante, con diez casos en Benidorm, 8 en Alicante ciudad, dos en Alfàs del Pi y otros dos en Altea.
La situación de estas trabajadoras está siendo objeto de especial atención en los últimos tiempos por parte de autoridades de trabajo y organizaciones sindicales por la precariedad de sus condiciones. Un reciente informe de CC OO asegura que el 71% de ellas tiene que medicarse para aguantar el ritmo laboral. En la C. Valenciana trabajan 5.000 personas en el sector, la mayoría mujeres que cobran de media 1,5 euros por habitación.
