La Conselleria de Sanidad y Salud Pública tendrá que modificar y volver a licitar el megacontrato para la limpieza de los hospitales de la Comunitat Valenciana, cifrado en 474 millones de euros y que ya alzó críticas desde el primer momento. El motivo es que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha estimado parcialmente el recurso de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) y ha decidido anular dos de los puntos de los pliegos en que se basa.
Concretamente, el tribunal dependiente del Ministerio de Hacienda ha dado la razón a la patronal estatal de la limpieza, que agrupa a 15 de las principales compañías del ramo, en dos de sus reivindicaciones y anula dos puntos de los pliegos, el 1.4.1, que habla de la “estabilidad en los contratos prestados en la ejecución del contrato”, y el 1.4.2 que se refiere a la “conciliación de la vida familiar”.
Aunque Aspel había impugnado más puntos de los pliegos en los que todavía se basa el contrato de limpieza, la decisión del TACRC reconoce de forma explícita que se debe ajustar el concurso a aquello que denunció la patronal de la limpieza: el mantenimiento de las condiciones de las trabajadoras (y por extensión un incremento del montante económico). De hecho, aunque los sindicatos no llegaron a presentar recurso sí se movilizaron para exigir el cambio de las condiciones de trabajo que recogen los pliegos.
Tanto es así que el recurso de la patronal de la limpieza se basa en el acuerdo de la mesa sectorial de la limpieza del Consejo Tripartito que forman la propia Aspel, las asociaciones Apelva, Apymelicy Aelpa(de Valencia, Castellón y Alicante, respectivamente) y los sindicatos CCOO y UGT. Este pacto tenía como fin “no precarizar el empleo” de las trabajadoras de la limpieza en los hospitales.
A punto de quedar fuera
Como curiosidad, destacar que en un primer momento el TACRC inadmitió el recurso de Aspel por haberlo presentado fuera de plazo, pero rectificó su decisión al señalar la asociación empresarial que no pudo remitir el recurso por la vía ordinaria al caducar el certificado de firma electrónica de la Agencia Tributaria y no poder renovarlo al tener cerradas sus oficinas por la pandemia de coronavirus.
Ante la decisión del tribunal que depende de Hacienda, la Conselleria sólo tiene dos vías de actuación, dado que la resolución pone fin a la vía administrativa: o la acata y modifica los pliegos (con lo que tiene que variar el concurso) o interpone recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en los dos próximos meses.
